Otra acusación de este tipo para el gigante de Internet
Google está utilizando su dominio, como el buscador web más utilizado, para limitar la competencia en el negocio de los viajes en línea, beneficiando a algunas de las principales cadenas hoteleras con las que se asocia, según una investigación del diario The Wall Street Journal.
El gigante de Internet, junto con las cadenas hoteleras, está limitando la capacidad, de las agencias de viajes en línea, para usar palabras clave para anunciar habitaciones de hotel, según reporta la editorial.
“Los viajeros pueden, sin saberlo, pagar más y no ver todas sus opciones porque algunos hoteles importantes se han unido a Google para socavar la competencia“, dijo el Journal en su editorial.
Sin embargo, Google ha respondido y disputa los cargos.
“El Wall Street Journal describió erróneamente cómo funcionan algunas de estas ofertas”, dijo un representante de Google en entrevista con Business Insider. El representante agregó: “La industria de viajes en línea es altamente competitiva y, de hecho, las compañías de viajes son algunos de los usuarios más ávidos de las ofertas publicitarias de Google”.
Bajo presiones de otros sitios como Airbnb, las cadenas hoteleras se han preocupado cada vez más por tarifas bajas en habitaciones de hotel y las comisiones (20% más o menos, típicamente), que los hoteles pagan cuando los consumidores reservan habitaciones a través agencias de viaje. Sin embargo, los Hoteles han estado tratando de alejar a los consumidores de los servicios como Airbnb y de agencias de viajes para privilegiar sus sitios web.
Este tipo de escándalo no es la primera vez para Google. En 2011, cuando la compañía ingresó al mercado de viajes comprando la compañía de búsqueda de vuelos ITA Software por 700 millones de dólares, se enfrentó al escrutinio anti monopolio del Departamento de Justicia. Este organismo impuso condiciones sobre la adquisición, lo que obligó a Google a mantener la separación entre sus negocios de búsqueda y reservaciones de vuelos y a someterse al monitoreo gubernamental durante cinco años.
