El gobierno mexicano ha espiado a periodistas y activistas, según New York Times - Repsodia

El gobierno mexicano ha espiado a periodistas y activistas, según New York Times

Fue con el software Pegasus, que sólo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas

Reconocidos periodistas, defensores de derechos humanos y activistas que han denunciado distintos casos de corrupción y crímenes en México han sido afectados por un programa de espionaje adquirido por el gobierno.

De acuerdo a un reportaje del periódico estadounidense New York Times, el caso de espionaje se ha producido a través de un software conocido como Pegasus. Éste es capaz de infiltrarse en teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios.

Este programa, que en teoría sólo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas, también puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia.

Para hackear los sistemas, los intentos fueron personalizados: desde mensajes diseñados para inspirar pánico hasta información personal o bancaria.

Algunas de las personalidades afectadas por este programa son: los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola;  Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad y precursor de la ley 3de3; y Mario Patrón, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

El software Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó. NSO Group, la empresa que fabrica Pegasus, señala que no se puede determinar con exactitud quién está detrás de los intentos específicos de un espionaje. Lo que sí se puede verificar es en qué momento se ha utilizado el programa.

Según NYT, este software tiene un precio de 650 mil dólares, además de una cuota de instalación de 500 mil, sólo para espiar a diez usuarios. Desde 2011, al menos tres agencias federales han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de la empresa de origen israelí.

Pero estos ataques a periodistas y grupos defensores de derechos humanos no han sidos los primeros. Durante 2016, se realizó el mismo procedimiento en contra de científicos y activistas de la Alianza por la Salud Alimentaria, que promovieron un impuesto a los refrescos en México.